Gloria de la Fuente por información personal del 10% solicitada por Hacienda: “Que uno entregue sus datos tiene que estar bajo ciertas reglas”

En Universo al Día conversamos hoy con Gloria de la Fuente, presidente del Consejo para la Transparencia, quien aclaró que el oficio entregado a Hacienda, por el requerimiento hecho a la superintendencia de Pensiones de los datos personales de quienes retiraron el primer 10% de fondos previsionales, busca verificar que tanto la solicitud como el tratamiento de ellos se haga bajo las normas que establece la ley.

En Universo, de la Fuente indicó que “no solo hemos oficiado a al ministerio de Hacienda, sino que también a la superintendencia de Pensiones para solicitar información respecto a la solicitud de estos datos personales. Lo segundo, y que también es importante que hubo tres parlamentarios que también hicieron un requerimiento de pronunciamiento al Consejo para la Transparencia (…) nosotros les informamos que ya comenzamos las acciones en relación a nuestras competencias, que es solicitar al ministerio y la superintendencia que informen qué fue lo que sucedió y sobre esa base en la práctica estamos viendo que pronunciamiento hacer. El ministerio y la superintendencia ahora tienen 10 días para pronunciarse y estamos recabando los antecedentes para poder pronunciarnos”.

De la Fuente planteó que desde organismos públicos hasta el retail, ya trabajan con datos, pero destacó que tanto la solicitud como el tratamiento de esa información debe estar sometida a las reglas del juego establecidas bajo la normativa vigente, “lo que hemos dicho es que es necesario resguardar que estas reglas se cumplan”. Tenemos una ley del año 99’ que en muchos aspectos es antigua, pero así y todo resguarda el tratamiento de datos, la recopilación de información y el trabajo que se hace con esa información.

En esa línea la presidenta del Consejo para la Transparencia dijo que el hecho “que uno entregue sus datos tiene que estar bajo ciertas reglas” y aclaró que de todos modos las facultad de la entidad que dirige solo permite establecer si se cumplió o no la ley, pero no sancionar.