Galli dice que decisión de la Suprema de revocar expulsión de venezolano que ingresó por paso no habilitado: es una “señal equívoca”

Esta mañana en Universo al Día, conversamos sobre la expulsión de migrantes irregulares, junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien señaló que solo este año han ingresado al país cerca de 9 mil personas, por pasos no habilitados y que el amparo acogido por la Corte Suprema, en el caso del venezolano Víctor Urdaneta, a quien se le dio calidad de refugiado, los hará revisar la situación de otros expulsados que podrían en una posición similar.

En entrevista con Universo, Galli indicó que “son 9 mil los ingresos clandestinos que ya llevamos, durante el primer trimestre” e hizo hincapié en que “los que ingresan de forma clandestina al país quedan de la peor forma. No tienen rut, tendrán acceso a trabajos informales, tendrán sobre cobro de arriendo, una situación migratoria precaria. Por eso hemos dicho que la migración debe ser regular”.

Consultado por las críticas que se hacen a que las expulsiones se hagan durante el fin de semana, la autoridad indicó que ”La fecha del vuelo es irrelevante, porque los recursos de amparo son contra la resolución de expulsión, por eso lo importante es cuándo la persona es notificada de la expulsión. Los extranjeros siempre son notificados un día hábil para que puedan presentar recursos”.

El subsecretario Galli se refirió también al fallo de la Corte Suprema que revocó la expulsión del ciudadano Víctor Urdaneta, a quien se le dio la calidad de refugiado, afirmando que no basta con que la persona haya declarado que ingresó clandestinamente a Chile para poder llevar adelante un proceso de expulsión y eso implica que se puede entrar clandestinamente a nuestro país, no basta con que se ingrese clandestinamente para que el Estado inicie un proceso de expulsión, hay que llevar adelante un proceso en que se le exija a las personas que puedan exponer”. “No basta con ingresar clandestinamente a Chile para que el Estado pueda tomar medidas de esas personas y expulsarlas y la señal ahí es equívoca, la decisión de política pública que tenemos que tomar como Estado es si vamos a frenar la inmigración clandestina o no”.

Galli indicó que “lo que hemos hecho es que estoy pidiendo el informe a las intendencias y al Servicio Nacional de Migraciones de cuántas serían las expulsiones actualmente decretadas que deberían ser reanalizadas en virtud de este nuevo criterio de la Corte Suprema y el criterio, por tanto, ha cambiado y de esa manera hay que adaptarse a las resoluciones de nuestra justicia. Entonces, estoy pidiendo información de cuántas serían las posibles expulsiones ya decretadas que podrían ser invalidadas como consecuencia de este fallo”.