Fiscal Nacional propone liberar secreto bancario a instituciones públicas y corporaciones: “No advertimos que haya privacidad equivalente a las personas”

En conversación con Universo al Día, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó los principales nudos críticos en la persecución penal del crimen organizado, el debate legislativo en torno al secreto bancario, la proliferación de casinos online ilegales y la reciente violencia delictual registrada en la Región de Valparaíso.

Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público tomó distancia de las declaraciones emitidas por personeros de Gobierno respecto a la investigación de la estudiante universitaria que se encuentra en riesgo vital tras la última marcha de la Confech.

Consultado por la estrategia para combatir las rutas del dinero del crimen organizado y la trata de personas, Valencia propuso destrabar la discusión parlamentaria sobre el alzamiento del secreto bancario, haciendo una clara distinción entre las personas naturales y las estructuras jurídicas.

“Hemos sostenido de manera casi majadera que a veces esta discusión se ha distraído casi obsesivamente a la regulación de la protección del secreto bancario respecto de personas naturales (…) Nos preguntamos cuál es la intimidad que tienen las corporaciones municipales, los municipios, las empresas del Estado o los ministerios en sus cuentas corrientes. No advertimos que haya una privacidad equivalente a la que tenemos nosotros en nuestras vidas personales”, argumentó.

A juicio del fiscal nacional, el acceso a los movimientos financieros de instituciones públicas, ministerios y de la Contraloría General de la República debería ser automático. El mismo criterio aplicó para corporaciones o fundaciones sin fines de lucro —por los beneficios tributarios que reciben— y para las grandes sociedades anónimas, sugiriendo que organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cuenten con facultades de acceso más ágiles.

Respecto a las trabas con personas naturales, Valencia desmitificó que el principal problema sean las negativas de los jueces para autorizar las revisiones de cuentas corrientes. “El principal problema tiene que ver con la rapidez y la oportunidad con la que los bancos nos entregan la información. Es ilegible. La cantidad de tiempo que perdemos tecleando y transcribiendo información”, denunció, apuntando a que la regulación actual en la materia es deficiente.